El Gobierno no entiende que se declaren ilegales las ayudas públicas a la TDT

Escrito por Carlos Alberto Sánchez
Televisión Digital Terrestre
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El Gobierno español no va a ejecutar a corto plazo la decisión de la Comisión Europea que ha declarado ilegales las ayudas públicas a los operadores de TDT. La Unión Europea consideró que las ayudas a determinados radiodifusores terrestres incumplían el principio de neutralidad tecnológica y eran contrarias a la legislación europea. La Comisión Europea consideraba que era necesario que los operadores beneficiarios de estas ayudas devolvieran las cantidades públicas recibidas y además se frenaran este tipo de subvenciones.

El Gobierno no acepta la resolución de la Comisión Europea y recurre

El Gobierno de Mariano Rajoy lejos de aceptar la situación ya ha dicho que plantará batalla y piensa recurrir la decisión de declarar ilegales las ayudas públicas al sector. El Gobierno, tres comunidades autónomas y cuatro operadores públicos se han unido en un frente que intentará frenar la decisión de la Comisión Europea. Al Gobierno central se han unido los ejecutivos autonómicos del País Vasco, Cataluña y Galicia. Cataluña es precisamente la región que más ayudas concedió con más de 52 millones de euros.

El dictamen de la Comisión Europea ponía plazo a la devolución de las ayudas públicas, cuatro meses, y además avisaba que el organismo europeo vigilaría el correcto cumplimiento de esta sentencia. El organismo europeo ha considerado que en todo el proceso para el desarrollo e implementación de la televisión digital se ha discriminado a tecnologías como el cable, el satélite o internet frente a la opción terrestre.

El problema es que el Ejecutivo español apoyó el despligue de una infraestructura que ha supuesto más de 230 millones de euros en subvenciones públicas y que ha permitido extender la cobertura de la TDT en zonas de difícil acceso. Entre las empresas más afectadas por la decisión de la Comisión Europea están Abertis Telecom y Retevisión que podrían verse obligadas a devolver importantes sumas de dinero de aplicarse la resolución europea.


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