Rajoy no quiere perder las Generales y busca un pacto con Atresmedia y Mediaset

Escrito por Jose Luis
Televisión Digital Terrestre
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Tras los malos resultados obtenidos ayer en las elecciones autonómicas catalanas, parece que en Moncloa han entendido el mensaje de las televisiones que en estas últimas semanas se han cebado contra el ejecutivo que preside Mariano Rajoy. Concretamente, han sido dos canales (de Atresmedia y Mediaset) los que han sacado los cuchillos a pasear para cobrarse la pieza de ese rumor que dice que el 6 de octubre ninguna de las grandes corporaciones recibirá una frecuencia de TDT.

La Sexta y Cuatro

Han sido esos dos canales los que se han significado en los últimos tiempos por criticar sin miramientos la gestión del presidente del gobierno y todo su equipo. Es más, desde Moncloa achacan a ese acoso y derribo en programas como Al Rojo Vivo o El Objetivo lo ocurrido ayer donde el PP quedó como penúltima fuerza política en Cataluña, muy lejos de Ciudadanos al que creen que los medios están aupando para beneficiarle.

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Con este panorama, parece que Rajoy estaría pensándose dar marcha atrás en una decisión de la que ya os informamos y que consistía en que ni Atresmedia ni Mediaset lograrían un nuevo canal de TDT en la adjudicación que se avecina para el próximo 6 de octubre. Las presiones de los dos grandes grupos habrían causado su efecto y Rajoy accedería a cambio de un mejor trato, de una rebaja sustancial del tono de crítica que ahora mismo está recibiendo.

Un pacto con las TV

Como informa PRNoticias, ese pacto querrían cerrarlo desde Moncloa cuanto antes y las próximas semanas serán frenéticas. A tanto llega la necesidad de solucionar el frente abierto en las televisiones que el gobierno podría aumentar a dos canales la concesión a ambos grupos, en un gesto que, sin duda, podría parecer descabellado aunque con las elecciones generales por medio, es como para no fiarse.

Aun así, parece increíble que el poder político acabe por regirse en estos términos, si es que lo explicado por PRNoticias se cumple. Al fin y al cabo se trata de decisiones administrativas que vienen a beneficiar a conglomerados privados que tendrían que moverse en un terreno de libre competencia, y no a golpe de amenazas o avisos al regulador.

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